Entrevista a Gabriel Amaro: “Constituimos la voz técnica y unificada del sector agrario”

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP):

Con 22 años de trayectoria, AGAP se ha consolidado como un pilar del desarrollo y la proyección internacional de la agroexportación peruana, promoviendo competitividad, sostenibilidad e innovación, apoyando a los productores agrarios –desde los pequeños hasta los grandes– y facilitando el acceso a mercados internacionales.

¿Qué hitos y decisiones estratégicas considera que han marcado la evolución de la agroexportación peruana, y cuál ha sido el rol de AGAP en ese proceso?

La agroexportación moderna peruana empieza a tomar forma a fines de los años 90, cuando el país identifica en la agricultura una vía para su desarrollo económico y social. A ello se sumó un factor importante: la firma de los primeros tratados de libre comercio, empezando por el TLC con Estados Unidos. Ese acuerdo abrió el camino para pactos posteriores con Europa, China y otros mercados que hoy son fundamentales, y permitió consolidar un modelo exportador competitivo, sin aranceles y con acceso preferencial.

En ese contexto, y ante la necesidad del Estado de contar con un representante especializado para debatir el TLC con Estados Unidos, nace AGAP en 2003. Su creación unificó a varios gremios de productores con alto potencial y permitió que el sector agrario tuviera por primera vez una voz articulada en las discusiones de política pública.

Los sucesivos gobiernos, más allá del clima político, mantuvieron la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial. Eso dio confianza para invertir y apostar por cultivos de alta demanda en mercados internacionales, como espárrago, palta, uva y, más adelante, arándano.

Otro pilar fue el desarrollo de la agroexportación en el desierto con una emblemática Ica y la ejecución de grandes proyectos de irrigación —como Chavimochic, Olmos o Poechos— que permitieron convertir desiertos en zonas productivas y atraer inversión a gran escala. A ello se sumó la Ley de Promoción Agraria (2000–2020), que impulsó un crecimiento anual promedio cercano al 14 % durante dos décadas. Gracias a este marco, el Perú ha logrado el mayor crecimiento exportador agrícola de la región en los últimos diez años.

La nueva Ley Agraria ya fue promulgada y está pendiente de reglamentación. ¿Qué aspectos clave debería incluir para asegurar competitividad, sostenibilidad e inclusión laboral?

La derogación de la Ley de Promoción Agraria en 2020 fue un retroceso. Se eliminó una norma que debía regir hasta 2030 sin sustento técnico y en un contexto marcado por decisiones ideológicas y populistas. Esto ocurrió durante el gobierno de transición del presidente Sagasti y la gestión de la presidenta del congreso Mirtha Vásquez. La medida no respondió a problemas laborales, porque la agroexportación moderna ya cumplía con todos los beneficios sociales, pagaba impuestos y estaba fuertemente fiscalizada por Sunat, Sunafil y otras autoridades. Fue una movilización de grupos interesados en generar caos de manera ideológica y populista que no les interesa el progreso en las zonas rurales ni que se genere riqueza, crean narrativas destructivas que solo trae pobreza, desempleo y caos, pero felizmente su metodología ya la conoce el país.

La ley que la reemplazó, la 31110, incorporó sobrecostos sin criterios técnicos y creó el “bono beta”, una obligación exclusiva para el sector agrario que generó distorsiones en el mercado laboral. Como consecuencia, la inversión se detuvo: las más de 30 mil hectáreas proyectadas entre 2020 y 2025 simplemente no se desarrollaron. A ello se sumaron años difíciles por la pandemia y los fenómenos climáticos de El Niño y Yaku, además de la inestabilidad política.

En estos cinco años, el sector productivo trabajó intensamente con el Congreso, el Ejecutivo y múltiples actores —pequeña agricultura, academia, gremios y empresas—. Este proceso culminó con la aprobación, en septiembre de este año, de la nueva Ley Agraria. Su reglamentación deberá enfocarse en asegurar la competitividad, atraer y dar estabilidad a la inversión, formalizar y promover el desarrollo de la pequeña agricultura para que se incorpore a las cadenas modernas de producción agraria.

¿Cómo impactará la nueva Ley Agraria en productividad, formalización y atracción de inversiones?

La nueva norma incorpora elementos clave para crear un entorno promotor para toda la agricultura —no solo la exportadora— con un Impuesto a la Renta de 15% y un esquema diferenciado para la pequeña agricultura. Por ejemplo, los productores con ingresos de 0 a 30 UIT no pagan impuesto a la renta, y entre 30 y 150 UIT solo tributan 1,5 %. Esto les da un respiro importante y les permite formalizarse, mantenerse y reinvertir.

Además, la ley impulsa la formalización de tierras, nuevos modelos de financiamiento, asociatividad, seguridad jurídica, agricultura orgánica y digitalización, etc. En conjunto, estos componentes fortalecen todo el ecosistema agrario y lo alinean con prácticas aplicadas en otros países, pero adaptadas a nuestra realidad.

Lo que la norma no toca el componente laboral, por lo que se mantienen el capítulo laboral de la Ley 31110. Aun así, creemos que este marco dará mayor sostenibilidad, competitividad y atraerá nuevas inversiones, especialmente porque incluye incentivos directos para la inversión y para integrar a la pequeña agricultura a cadenas productivas formales.

El desafío ahora es que el Estado alinee sus programas e instituciones para acelerar esa inclusión y, como primer paso, apruebe este año los reglamentos que permitan poner la ley en marcha.

¿Qué iniciativas impulsa AGAP para cerrar las brechas en infraestructura hídrica, logística y facilitación del comercio en el sector?

Un eje central de nuestra agenda es el paquete de proyectos de irrigación impulsado recientemente por el MEF y el Midagri, que abarca obras desde Tumbes hasta Tacna. Incluye iniciativas estratégicas como El Guanábano en Tumbes, las represas de Piura, la sostenibilidad y ampliación de Olmos, Chavimochic III, Chinecas e intervenciones para implementar el proyecto de irrigación de huancavelica e Ica, entre otros. Estas obras son fundamentales tanto para la pequeña agricultura como para atraer nueva inversión.

En el ámbito logístico, trabajamos por mejorar la infraestructura de comercio exterior: modernización de puertos, implementación del cabotaje para mover carga entre regiones y desarrollo de autopistas que conecten costa, sierra y selva. También consideramos estratégicos los proyectos ferroviarios que integren el país y conecten el Pacífico con el Atlántico, lo que permitiría fortalecer el flujo comercial, incluso hacia Brasil.

Finalmente, junto con Senasa impulsamos la apertura acelerada de nuevos mercados. En los últimos años se han logrado avances relevantes —incluyendo gestiones en China, Japón e Indonesia— y mantenemos una agenda activa para ampliar accesos, especialmente en Asia, a fin de consolidar cultivos existentes y abrir oportunidades para nuevos cultivos.

¿Cómo trabaja AGAP, junto a sus gremios, para fortalecer prácticas responsables y cumplir estándares internacionales?

La sostenibilidad es una parte central de nuestra agenda. Las empresas agrarias, agroexportadoras y agroindustriales cumplen certificaciones internacionales que exigen altos estándares sociales, laborales y ambientales, dependiendo del mercado al que se dirigen. Desde AGAP impulsamos ese cumplimiento y acompañamos a los gremios y empresas en su adopción y aplicación.

Fuimos la primera institución del país en elaborar una guía de buenas prácticas para prevenir el covid en el sector agrario durante la pandemia, la cual luego sirvió de referencia para otros sectores y para el propio Gobierno. Del mismo modo, hemos desarrollado guías laborales y contamos con una alianza como partner local de GlobalG.A.P., donde gestionamos los capítulos de frutas y hortalizas, que incluyen buenas prácticas agrícolas, uso responsable del agua y aspectos sociales y laborales.

Además, promovemos activamente el respeto a las normativas nacionales, las certificaciones internacionales y la capacitación continua. Contamos con un área y un comité de sostenibilidad que trabajan desde hace años en programas ambientales, laborales y técnicos para elevar los estándares del sector.

¿Cuáles son las prioridades en la agenda de AGAP para los próximos años?

La apertura de mercados es una de nuestras principales prioridades. Un TLC elimina aranceles, pero no abre el acceso para productos frescos, cuyos protocolos fitosanitarios pueden tardar años. AGAP y sus gremios asociados llevan 23 años trabajando junto con Senasa, Midagri y Cancillería para obtener nuevos accesos, lo que ha sido clave para el crecimiento de la agroexportación.

También contribuimos activamente en materia de política pública. Participamos en el desarrollo de la nueva Ley Agraria y en la revisión de cualquier normativa laboral, tributaria o técnica que pueda afectar al sector. Además, somos parte de mesas de trabajo con el Ejecutivo, en el gobierno de turno.

En promoción comercial, AGAP opera la participación peruana en cuatro ferias internacionales —Berlín, Estados Unidos, Madrid y Hong Kong— en conjunto con Promperú y participa en foros continentales y globales sobre temas de politica pública y temas técnicos agrarios.

Asimismo, trabajamos con la pequeña agricultura, impulsamos programas de capacitación y recientemente lanzamos el primer ecosistema de investigación, desarrollo e innovación para el sector agroalimentario, junto con la academia, instituciones públicas y la Unión Europea. Esta agenda busca sostener la competitividad y abrir nuevas oportunidades para más cultivos en más mercados.

A 22 años de la creación de AGAP, ¿cuál considera que ha sido el mayor aporte de la institución al desarrollo y posicionamiento internacional de la agroexportación peruana?

El mayor aporte de AGAP ha sido consolidar una representación técnica y unificada del sector agrario, capaz de impulsar marcos regulatorios adecuados, abrir mercados y sostener la competitividad internacional del Perú. Nuestro trabajo ha permitido mejorar el clima de negocios y el desarrollo e impacto del sector, evitar regulaciones que generan sobrecostos o distorsiones y, al mismo tiempo, promover normas que facilitan la inversión, la productividad, la competitividad, el desarrollo del pequeño agricultor y la formalización.

Otro aporte clave ha sido acompañar a las empresas en su inserción en mercados altamente competitivos. En un entorno donde enfrentamos rivales fuertes del hemisferio sur y países desarrollados, AGAP trabaja para que el Perú no pierda competitividad por problemas de agua, plagas, regulaciones inadecuadas o riesgos externos, entre otros. Esto incluye, entre otros, impulsar un Senasa y una ANA modernos, con recursos, infraestructura y capacidades para responder a enfermedades, plagas y desafíos climáticos.

También hemos promovido soluciones sostenibles, como el tratamiento y reúso de aguas residuales, y apoyado la agenda de infraestructura hídrica que el país necesita para reducir vulnerabilidades ante El Niño y otros fenómenos.

En acceso a mercados, AGAP ha contribuido de manera decisiva a mantener y ampliar destinos en un contexto global volátil —desde aranceles en Estados Unidos hasta tensiones en Europa—, lo cual es vital considerando que más del 90% de lo que exportamos va al hemisferio norte.

Finalmente, apostamos por el desarrollo de capacidades. Estamos impulsando un proyecto para la creación de un instituto tecnológico de alto nivel para formar y reconvertir talento, porque la tecnología avanza más rápido que nuestra preparación. Ese será un pilar fundamental para sostener el crecimiento en los próximos años.